Mendocinos que se anotan en la lucha contra la corrupción
Mientras en los rankings internacionales, Argentina ocupa puestos vergonzosos, dos organizaciones locales integran una red nacional que trabaja para que la victoria sea posible.
Fuente: MDZ
Autor: Rubén Valle
En su reciente reunión con empresarios de Francia, Mauricio Macri destacó que “en la Argentina se está dando una gran batalla contra la corrupción”. Ahora bien, es una batalla que en lo discursivo difícilmente haya argentino que no la apoye, pero en lo cultural todavía existe una ancha grieta entre el decir y el hacer.
Quienes sí están decididos a enfrentar a la corrupción sistémica y estructural es un grupo de organizaciones civiles de todo el país que unieron para crear la Red de Organizaciones Contra la Corrupción (ROCC). En sus propias palabras, se trata de “un espacio de articulación y acciones conjuntas que busca generar incidencia en políticas de lucha contra la corrupción y el control social de la gestión del Estado. Además de promover la participación ciudadana y el acceso a la información pública como herramientas esenciales”.
La lupa local
Dos organizaciones civiles de Mendoza, de activa participación en esa patriada de acercar el control ciudadano a las políticas públicas, integran la ROCC. El Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH) y la Fundación Nuestra Mendoza desde hace tiempo vienen trabajando en la provincia para dar mayor transparencia e institucionalidad a los organismos del Estado.
En total integran ROCC una decena de organizaciones especializadas en temas de transparencia, entre las que se encuentran Poder Ciudadano, Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, Fundación Transparencia Ciudadana y la Asociación Civil por la Igualdad y Justicia (ACIJ), entre otras.
En cuanto a cuál es el objetivo del CLADH al participar en esta red, Federico Morandini lo sintetiza así: “Pretendemos realizar un trabajo en dos ejes: federalizar a nivel provincial y municipal las políticas públicas que surjan de esta red y llevar a nivel continental los proyectos que surjan de la experiencia argentina para replicarlos en otros países latinoamericanos que sufren el flagelo de la corrupción de igual manera”.
Para Facundo Heras, de Nuestra Mendoza, “es fundamental, si queremos lograr que nuestras acciones tengan incidencia real, que las Organizaciones de la Sociedad Civil, respetando las agendas de cada uno y las realidades de cada uno de los territorios en que se desempeñan, articulen esfuerzos y recursos en pos de objetivos comunes. Las prácticas corruptas atraviesan los diferentes niveles de Gobierno y el trabajo en Red permite elaborar propuestas, definir estrategias y poner en discusión prácticas del ámbito nacional que tienen su correlato a niveles provinciales y locales”.
Una de las formas de terminar con la corrupción estructural es avanzar en la transparencia de la política en general. Que desde la Nación se impulse la modernización del Estado, con el acento puesto en abrir la información a la ciudadanía y transparentar los números es básico para visibilizar y potenciar prácticas sanas.
Lejos del podio
El año pasado, Argentina se ubicó en puesto 20 del Ránking Mundial de Transparencia, ascendiendo 34 puestos en el índice Global de Datos Abiertos publicado por la Open Knowledge Foundation.
Mientras que en el ránking de la ONG anticorrupción Transparencia Internacional, en la medición de 2016 (la última registrada) Argentina ocupó el puesto 95 (de 176), lo que permitió escalar 12 posiciones desde el 107º alcanzado en la medición del año anterior.
Estos números contundentes marcan claramente cuánto trabajo queda por hacer y la importancia estratégica de las organizaciones civiles para revertir la matriz de corrupción.
Algunos pasos concretos se han dado, como la aprobación de la Ley 25.188 de Ética en el ejercicio de la función pública y la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, dos herramientas legales claves para que la lupa ciudadana sea cada vez mayor y más cercana a las acciones de nuestros representantes. En Mendoza, no hay ningún apuro aún por aprobar la norma que regula los mecanismo para el acceder a la información pública. En noviembre del año pasado logró la media sanción del Senado, pero todavía falta la revisión y aprobación de Diputados. Una deuda imperdonable, frente a otras tantas leyes que salen “con fritas”, pero no mueven la aguja ciudadana.
Rendir cuentas
Desde las organizaciones mendocinas la mirada es similar: falta mucho, pero no se puede seguir esperando indefinidamente para que se produzcan los cambios. Facundo Heras reconoce que “si bien los cambios culturales llevan tiempo es importante saber que hoy podemos empezar a hacer algo. Los actos de corrupción son más propensos en aquellos sistemas donde prima el oscurantismo y la impunidad. Por eso el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la incorporación de nuevos y mejores mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana son prácticas que no pueden estar ausentes si se pretende combatir estas conductas”.
Para Federico Morandini, “el porvenir de la ROCC es muy auspicioso. Lamentablemente el fenómeno de la corrupción lejos de disminuir, se regenera constantemente. Es como un virus que muta cada año e infecta las entrañas de las instituciones públicas y privadas. La contención no sólo puede provenir de las sanciones legales a corruptos y corruptores, sino que debe haber un control social permanente, incluso con el uso de las nuevas tecnologías que faciliten este trabajo”.
En relación a la lucha contra la corrupción, Heras considera que “es importante que entendamos que la corrupción no es algo natural e inevitable a lo que debemos resignarnos, si no, por el contrario que comprendamos que la misma es algo cultural y, por lo tanto, por más arraigada que esté en nuestras prácticas, es una conducta que puede y debe ser combatida si queremos vivir en sociedades más justas y democráticas”.
El virus corrupto
Según el estudio de opinión pública Latinobarómetro 2017, en Argentina poco más del 40% de la población está convencido de que tiene “bastantes o muchas probabilidades” de sobornar a un policía, un juez o un funcionario de un ministerio. Esto indica que no solamente el foco debe estar puesto en los políticos o los empresarios, principales apuntados cuando se señala a quienes se asocia directamente con casos de corrupción, sino que el sayo le cabe a la población en general.
La ROCC es apenas un eslabón de una larguísima cadena que debe indefectiblemente sumar a otros. Como resume Morandini, “es necesario contar con herramientas eficaces que provengan desde fuera de las contaminadas estructuras del Estado. De allí la importancia de las Organizaciones de la Sociedad Civil como genuinos canalizadores de las demandas populares y verdaderos referentes del control social”.