La sociedad civil argentina (y mendocina): un actor clave en la lucha contra la corrupción

La sociedad civil argentina (y mendocina): un actor clave en la lucha contra la corrupción
Autor: Juan Minetto.

Es indispensable la inclusión de la sociedad civil en el combate a la corrupción. En Argentina, la Red de Organizaciones Contra la Corrupción trabaja de forma coordinada para federalizar y hacer más eficiente la lucha contra este flagelo, tomando el derecho de acceso a la información pública como eje estratégico.

NOTA PUBLICADA EN ELMEMO.COM.AR

La importancia de la sociedad civil en el combate contra la corrupción

Ninguna política anticorrupción puede pensarse sin la participación de la sociedad civil: el involucramiento de este sector asegura que cualquier programa de transparencia sea más acertado y sostenible en el tiempo. El combate de la corrupción es un proceso largo que requiere cambios sociales e institucionales estructurales. Es por ello que la participación de actores que se encuentren fuera del gobierno es central. En efecto, existe vasta evidencia empírica que demuestra que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) juegan un rol fundamental en la lucha anticorrupción, sobre todo en las democracias más jóvenes.[i][ii][iii] Esto se debe primeramente a su influencia sobre la opinión pública y a su oferta de asistencia técnica a los gobiernos en el proceso de diseño y monitoreo de políticas de transparencia.

Atentos a esto, los Estados han resaltado la importancia de incluir a la sociedad civil en diversos acuerdos internacionales. A nivel mundial, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción reconoce la necesidad de incluir a grupos no pertenecientes al sector público para que las políticas implementadas sean eficaces.[iv] En la región, el Mecanismo Anticorrupción de la Organización de los Estados Americanos (OEA) destaca las contribuciones de la sociedad civil en materia de monitoreo de políticas y la asistencia técnica provista en forma de leyes modelo que apuntan al mejoramiento de las instituciones nacionales.[v] Finalmente, el Compromiso de Lima “Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción,” acordado entre los países de América invita a la sociedad civil a participar en todo el ciclo de la elaboración de políticas públicas de transparencia.[vi]

Al ser parte de estos acuerdos, el Estado argentino reconoce, en principio, el rol de las OSC. Ahora bien, ¿cómo responden estas organizaciones?, ¿en qué temas se focalizan frente a las deudas de los distintos gobiernos en materia de transparencia?, ¿qué lugar ocupa Mendoza en estas dinámicas? Las respuestas a estas preguntas son -aunque con reservas- algo prometedoras.

Una sociedad civil argentina cooperativa y organizada

Las OSC de nuestro país han demostrado una amplia capacidad de coordinación respecto a la promoción de las ideas de buen gobierno y transparencia, tanto a nivel nacional como provincial y municipal. Este impulso se vio cristalizado en 2017 con la conformación de la Red de Organizaciones Contra la Corrupción (ROCC), en la cual participan ocho OSC que de cinco provincias: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Salta y Mendoza. Uno de sus miembros es Poder Ciudadano, capítulo de argentino de Transparencia Internacional, líder mundial en la lucha contra la corrupción. Además, integran a la ROCC el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Nuestra Mendoza, el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), la fundación Salta Transparente y Acción Colectiva.

La fortaleza de esta agrupación radica no solo en su extenso alcance territorial, sino también en la diversidad de temas que tratan sus miembros. Las organizaciones de la ROCC llevan a cabo programas de transparencia relacionados con los tres poderes del Estado, con el gobierno nacional, y los gobiernos provinciales y municipales. También atacan las principales áreas del ciclo de la corrupción: desde los procesos licitatorios y de contratación hasta las complejas maniobras del lavado de activos, pasando por el monitoreo de los organismos de contralor, los concursos de ingreso al Estado, entre otros. De esta manera, cuando las organizaciones miembro actúan como red, intercambiando conocimientos y buenas prácticas, pueden actuar de forma mucho más eficiente sobre la corrupción. Esto se debe a que necesariamente se desarrollará una entendimiento más holístico de este fenómeno.

El acceso a la información pública y el trabajo federal de la sociedad civil

La última reunión de la ROCC tuvo lugar en Córdoba la última semana de noviembre de este año y se centró en el derecho de acceso a la información pública. Este derecho fue consagrado en 2016 con la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública. La Ley permite a cualquier ciudadano pedir acceso a la gigantesca cantidad de datos que maneja el Estado de forma gratuita, sin justificaciones ni intermediarios. Sin embargo, no obliga a los gobiernos provinciales a abrir sus datos, y es por esto -y por la estrecha relación que existe entre el libre acceso a la información y la gobernabilidad democrática y transparente- que la ROCC se centró en ese tema.

Apelando a sus conocimientos por operar en el terreno, los integrantes de la ROCC ponderaron los distintos niveles de acceso a la información en las provincias y definieron una agenda común. La representación de Salta Transparente resaltó que este derecho está regulado de forma deficiente por un decreto que solo obliga al Ejecutivo. Atenta a esto, la ROCC se comprometió a seguir trabajando de manera conjunta con Salta Transparente para impulsar una ley de Estado Abierto en esa provincia. Además, en otro ejemplo de actuación conjunta, la ROCC continúa apoyando los esfuerzos de FUNDEPS para lograr la reforma del débil y antiguo marco normativo de acceso a la información de Córdoba. En ambos casos lo hace a través del intercambio de buenas prácticas, asistencia técnica y pronunciamientos conjuntos. Por otra parte, la recientemente incorporada organización Acción Colectiva de Santa Fe también se nutre del conocimiento y las experiencias de los miembros de la ROCC a la hora de reclamar por la ordenanza de gobierno abierto en Rosario o por una ley provincial de acceso a la información.

La realidad mendocina

Los mendocinos gozamos de una posición privilegiada en relación al resto de las provincias en materia de acceso a la información, y eso se lo debemos, en gran medida, al trabajo de la sociedad civil. Después de la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza tiene la mayor calidad normativa del país según el análisis del Banco Mundial sobre los marcos legales provinciales que regulan el acceso a la información.[vii] Y no es para menos: desde 2018 tenemos una moderna ley[viii] de acceso a la información, que contempla la idea de transparencia activa al obligar a los organismos del Estado Provincial a publicar grandes cantidades de información más allá de que existan o no pedidos de concretos. Contamos incluso con una oficina que la implementa: la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública.

Índice de Acceso a la Información Pública en las Provincias Argentinas

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/indice_de_acceso_a_la_informacion_publica_en_las_provincias_argentinas-_un_analisis_de_la_calidad_normativa-web.pdf

La sociedad civil trabajó de forma incansable para lograr la sanción de la Ley. La Fundación Nuestra Mendoza contribuyó informando sobre las falencias del acceso a la información pública. Coordinó un estudio para visibilizar estado del derecho de acceso a la información en la Provincia y en los municipios del Gran Mendoza y para concientizar a la opinión pública sobre la importancia de este derecho. Basado en datos empíricos, el estudio identificó las diversas falencias que dificultaban su ejercicio. Respaldados con esta evidencia, la Fundación Nuestra Mendoza y el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH) presentaron en 2017 en la Legislatura un pedido tratamiento del Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública.[ix] Además, estas organizaciones enriquecieron el debate del proyecto y ayudaron en la mediación entre las fuerzas políticas para lograr su aprobación. Así, pasamos de ser una de las cinco provincias que ni siquiera tenían ley a sancionar una de las más modernas del país.

El mejoramiento de las leyes es el primer paso para volver a Mendoza más transparente y participativa. Aún queda un largo camino para lograr la correcta implementación de la norma y el pleno ejercicio de nuestros derechos como ciudadanos. La oficina encargada de la aplicación necesita más personal y mayores dotaciones presupuestaria; todos los organismos del Estado Provincial deben publicar información actualizada sobre sus presupuestos, objetivos y programas; y todos los municipios deberían adherir. Por otra parte, requerimos de un mayor compromiso ciudadano que demande continuamente la rendición de cuentas por parte de sus representados.

En todos estos ámbitos trabajan nuestras organizaciones con la colaboración de la ROCC, siempre tomando una posición propositiva. Nuestra Mendoza ha puesto a disposición de los municipios y el gobierno provincial la plataforma SUMEN, que les permite cargar su plan de metas para que los ciudadanos conozcan, participen y monitoreen su implementación.[x] SUMEN ha despertado interés entre las otras organizaciones de la ROCC, quienes buscarían replicar modelos similares en sus territorios, lo cual obraría en favor de la rendición de cuentas en otras provincias. Otro tema que interesa a la ROCC y a las organizaciones mendocinas miembro en particular son las capacitaciones a docentes sobre el derecho de acceso a la información, para que no solo los estudiantes comprendan la importancia de ejercer su derecho y realizar investigaciones, sino que también contribuya a la conformación de una cultura de transparencia.

La sociedad civil argentina ha comprendido el rol que debe jugar en el aseguramiento de una lucha efectiva y sostenible contra la corrupción. La conformación de la ROCC ejemplifica la voluntad de desarrollar una agenda común para mejorar la incidencia sobre políticas públicas que incrementen la transparencia. Los resultados de esta creciente participación de la sociedad civil son palpables. Basta con analizar el caso de nuestra provincia, que hoy lidera ránquines de transparencia en el país en parte gracias a la contribución de este sector al combate a la corrupción.

Fuentes:

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