La Ley de acceso a la información pública lleva 15 años de espera

La Ley de acceso a la información pública lleva 15 años de espera

La norma no ha logrado pasar el filtro de la Legislatura. Desde la provincia aseguran que están trabajando en ciertas mejoras.

Fuente: Diario Los Andes

Autora:  Cinthia Olivera – colivera@losandes.com.ar

Uno de los debates pendientes y con promesas en la Legislatura es el proyecto de ley de Acceso a la Información Pública, una norma que se planteó hace 16 años y que, básicamente, garantiza que todos los ciudadanos puedan acceder a los datos abiertos del Gobierno.

Es decir, que con pocos “clics” un ciudadano pueda comprobar qué bienes tiene un gobernante y cómo creció su patrimonio en la función pública, cuántos casos resolvió determinado juez y cuándo tuvo licencia y cuál fue la producción de un legislador, además de poder ver cuántos asesores trabajan para él, por nombrar algunos casos.

Mucho de esto ya se puede consultar, aunque otro tanto no. En los últimos años, la tendencia en el Gobierno ha sido abrir los datos al público e implementar políticas de modernización del Estado, acciones que han avanzado sin la vigencia de ninguna de las dos leyes clave en el tema.

Una es la de Acceso a la información Pública, a la que le resta la sanción de la Cámara de Diputados para ser ley. El primer proyecto se presentó hace 16 años y a partir de ahí se sumaron varias iniciativas, pero ninguna vio la luz en la Legislatura.

La otra ley clave en el tema es la de Ética Pública que, si bien fue convertida en ley en agosto pasado, todavía no está operativa ya que necesita que el gobernador, Alfredo Cornejo, nombre a un auditor que controle las declaraciones juradas de todos los funcionarios de los tres poderes del Estado, los organismos autárquicos y las municipalidades.

“En caso de aprobarse la Ley de Acceso a la Información Pública y Trasparencia, desde la Subsecretaría de Gestión Pública y Modernización del Estado se está previendo que todo el trámite vinculado a la solicitud de acceso a la información y la respuesta de la autoridad, se gestionen a través de expediente electrónico, lo cual garantizará mayor celeridad en la gestión”, señaló el titular del área, Ulpiano Suárez.

¿Qué se puede saber y qué no?

Más allá de la falta de una normativa específica, desde cada área del Estado defienden haber llevado a cabo tareas de transparencia de información.

A su vez, hay proyectos que tienden a hacer públicos ciertos datos.

Uno de ellos es la ampliación de la Suprema Corte. El proyecto que casi fue ley, además de elevar la cantidad de miembros del tribunal, dispone publicar los fallos penales (los civiles y de otros fueros ya se publican) en la web oficial y en el Boletín Oficial todas las decisiones que se den en forma de Acordada o resolución.

“Entre otras podemos mencionar las de licencias de magistrados y funcionarios y designaciones”, ejemplifica el proyecto con un caso que genera cortocircuitos entre los poderes.

En el Poder Judicial defienden todas las acciones que han llevado a cabo para abrir los datos y adelantan que una de las ideas es publicar los fallos de la Sala Penal y Laboral de la Suprema Corte en su web. En cuanto a las licencias, dicen que todos los pedidos de vacaciones o viajes para congreso y seminarios pasan por la oficina de Recursos Humanos y que de hecho han respondido un pedido de informes de la Legislatura.

En lo que hay disponible, en el Poder Judicial trabajan en un canal de TV para transmitir las audiencias más resonantes. La primera prueba fue el Jury de Enjuiciamiento a la conocida “fiscal viajera”, que tuvo 10.300 visitas. En este sentido, adelantan que podrían transmitir los juicios de otros casos que impactaron la opinión pública, como el accidente en alta montaña de la empresa Tur Bus y las denuncias de abuso en el instituto Próvolo.

En cuanto a los datos que disponen, en la página oficial se puede consultar las declaraciones juradas de los magistrados y empleados, aunque con algunas limitaciones: sólo se exhibe un Anexo I, mientras que el II, en donde figuran direcciones, patentes, si el juez tiene obras de arte u acciones, permanece en una caja fuerte en la Secretaría Administrativa.

Esto a partir de un decreto del ex gobernador Francisco Pérez, de 2015, que obliga a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo a mostrar qué es lo que tienen y cómo ha crecido su capital desde que están en la función pública. 

A esta disposición se sumó la Legislatura y más tarde la Justicia. En la Casa de las Leyes destacan las acciones que se vienen llevando a cabo en materia de modernización y transparencia. El nuevo portal de la Cámara de Senadores permite ver las sesiones en vivo a través de YouTube (Diputados la transmite por radio) y rinde cuentas sobre las licitaciones, las contrataciones y compras que se realizan, el uso de los viáticos por parte de los legisladores, los concursos, entre otros aspectos.

La actual gestión destaca la digitalización del expediente y la firma electrónica, lo que permite seguir a través de la web cada propuesta y los trabajos en comisiones.

En lo que resta, falta ver la asistencia de los legisladores tanto a las sesiones como a las comisiones. Esto fue algo que reclamó el gobernador, Alfredo Cornejo, cuando pidió por el “ítem banca”. Esta información permitiría trabajar también con estadísticas: ver el trabajo de cada legislador y cómo votó en cada ley.

Otro aspecto que todavía permanece en la oscuridad, y que se hizo patente hace poco, es la cantidad de asesores que tiene cada legislador. En los primeros días de enero, el presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés, desvinculó a los asesores del PD.

En el Poder Ejecutivo si bien reconocen que falta el paso fundamental de la ley de Acceso, han avanzado en el Portal de Datos Abiertos con el expediente electrónico y la digitalización de los documentos, que permitirá no sólo facilitar el acceso a la información pública sino también realizar estadísticas para medir el impacto de estas medidas. “Los datos abiertos han sido definidos como herramientas que buscan una mayor transparencia y eficiencia del servicio público”, explicó Suárez.

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