{"id":71,"date":"2017-03-21T15:41:49","date_gmt":"2017-03-21T18:41:49","guid":{"rendered":"http:\/\/nuestramendoza.org.ar\/nmendoza\/blog\/?p=71"},"modified":"2017-03-21T17:43:57","modified_gmt":"2017-03-21T20:43:57","slug":"acceso-a-la-informacion-publica-una-deuda-con-la-ley","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuestramendoza.org.ar\/nmendoza\/blog\/acceso-a-la-informacion-publica-una-deuda-con-la-ley\/","title":{"rendered":"Acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica: una deuda con la ley"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #339966;\"><em><strong>En esta editorial del viernes 17 de marzo de 2017, <a style=\"color: #339966;\" href=\"http:\/\/www.lanacion.com.ar\">Diario La Naci\u00f3n,<\/a> aborda el tema de la ley de Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica a nivel nacional.<\/strong><\/em><\/span><\/p>\n<p><strong><em>El Poder Ejecutivo debe reglamentar sin m\u00e1s demoras la norma sancionada el a\u00f1o \u00faltimo para que todos los ciudadanos podamos controlar los actos de gobierno<\/em><\/strong><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.lanacion.com.ar\/1994491-acceso-a-la-informacion-publica-una-deuda-con-la-ley\">NOTA COMPLETA<\/a><\/p>\n<p>Cuando, a mediados de septiembre del a\u00f1o \u00faltimo, se sancion\u00f3 en el Congreso la ley de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica, fuimos muchos los que celebramos el fin de un largu\u00edsimo per\u00edodo en el que los poderes del Estado, contrariamente a toda raz\u00f3n y derecho, consideraban que no ten\u00edan obligaci\u00f3n de proporcionar datos a sus ciudadanos sobre el manejo de las administraciones p\u00fablicas.<\/p>\n<p>No rendir cuentas era la regla y eso permiti\u00f3 que los que pudieron haber sido peque\u00f1os yerros o irregularidades f\u00e1cilmente subsanables -con la valiosa ense\u00f1anza que deja todo error, fundamentalmente para no volver a cometerlo- se convirtieran en verdaderos desv\u00edos y abusos de poder. La pelea pol\u00edtica para lograr el consenso necesario que desembocara en una ley al respecto se extendi\u00f3 por muchos a\u00f1os. En 2003, se dict\u00f3 un decreto de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica. No obstante ello, muy pocas dependencias del Estado mostraron inter\u00e9s por cumplirlo. La ley de 2016 es perfectible, pero sent\u00f3 las bases para un cambio necesario y urgente al obligar a los tres poderes del Estado, al Ministerio P\u00fablico, a partidos pol\u00edticos y a gremios, universidades y empresas que reciban aportes p\u00fablicos a dar la informaci\u00f3n que les requiera todo ciudadano en un plazo acotado. La ley vino a saldar una deuda con la democracia al instar a la transparencia y a la rendici\u00f3n de cuentas en el manejo de los asuntos estatales. Sin embargo, cuando ya pasaron seis meses de aquella sanci\u00f3n, la norma a\u00fan no fue reglamentada por el Poder Ejecutivo. Seg\u00fan el texto de la ley, el Presidente deb\u00eda cumplir con ese requisito dentro de los 90 d\u00edas desde su promulgaci\u00f3n, la que tuvo lugar el 29 de septiembre pasado.<\/p>\n<p>Conforme sostiene la Asociaci\u00f3n por los Derechos Civiles (ADC), junto con la Asociaci\u00f3n Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundaci\u00f3n Directorio Legislativo y Poder Ciudadano, ese plazo se encuentra ya largamente excedido. En opini\u00f3n de t\u00e9cnicos del Gobierno, en tanto, los 90 d\u00edas se vencieron a mediados del mes \u00faltimo, porque se trata de jornadas h\u00e1biles y no corridas. Sea como fuere, el plazo ya caduc\u00f3 y la dilaci\u00f3n en reglamentarla puede obstaculizar o retrasar la instrumentaci\u00f3n de la norma por parte de los tres poderes del Estado, que -como bien dicen las organizaciones no gubernamentales en su reclamo- deben generar los mecanismos internos para su efectiva aplicaci\u00f3n a partir del pr\u00f3ximo septiembre, cuando est\u00e1 previsto que las disposiciones del texto legal entren en pleno vigor. Entre los puntos centrales de la ley, figura la regulaci\u00f3n del derecho de los ciudadanos a conocer en forma gratuita toda informaci\u00f3n p\u00fablica, salvo en casos excepcionales, como la directamente vinculada con datos confidenciales o secretos por razones de defensa o de pol\u00edtica exterior.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n, la referida a documentos o referencias que pudieran poner en peligro el sistema financiero o los secretos cient\u00edficos e industriales, por ejemplo. Paralelamente, establece que quien realiza ese pedido no necesita identificarse ni fundamentar su solicitud, ya que es su pleno derecho conocer el funcionamiento de los organismos p\u00fablicos. Entre otros, es deber del Estado informar en qu\u00e9, c\u00f3mo y cu\u00e1ndo se gasta la plata de los impuestos recaudados. La ley tambi\u00e9n estipula que la entrega de la informaci\u00f3n debe realizarse en plazos perentorios y en formatos digitales abiertos, permitiendo que sean usados y distribuidos libremente por cualquier persona. Crea \u00f3rganos de control de transparencia y obliga a implementar pol\u00edticas activas, de modo de mantener actualizada la informaci\u00f3n clave para el control de la gesti\u00f3n estatal. Las entidades que alertan sobre la actual demora son las mismas que han venido impulsando con particular insistencia la sanci\u00f3n de esta ley, en el convencimiento de que urge mejorar los niveles de transparencia. De no haber sido por ese est\u00edmulo a este aspecto clave de la lucha contra la corrupci\u00f3n, la dilaci\u00f3n en consagrar el correspondiente instrumento legal hubiera sido mucho mayor. Ante la falta de reglamentaci\u00f3n, tales organizaciones han vuelto a hacerse escuchar, al pedirle p\u00fablicamente al Poder Ejecutivo que cumpla con el dictado del decreto correspondiente. Cabe recordar que el derecho a la informaci\u00f3n ha sido reconocido por la propia Constituci\u00f3n nacional, por lo que no hay justificaci\u00f3n atendible a estas alturas para que se siga postergando su plena entrada en vigor.<\/p>\n<p>Como ya hemos dicho desde estas columnas, habernos dado una norma en ese sentido es un gran paso, pero apenas el primero de un largo camino que lleve a la efectiva vigencia del derecho, consagrando una herramienta robusta para que la transparencia y la rendici\u00f3n de cuentas pasen a ser la regla y dejen de ser la excepci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En esta editorial del viernes 17 de marzo de 2017, Diario La Naci\u00f3n, aborda el tema de la ley de Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica a nivel nacional. 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